Percepciones sociales sobre la gestión de la población penitenciaria en España según género y nivel de estudios

Social perceptions about the management of prison population in Spain by gender and study level

Mario Carrasco Martínez¹, Olaya García-Vázquez^{2, 3*} y Helena Garrido-Hernansaiz⁴

¹ Centro Universitario Cardenal Cisneros, Universidad de Alcalá, Madrid, España. mario.carrasco@alu.cucc.es
² Departamento de Métodos Cuantitativos, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. ogarciav@comillas.edu.
³ Cátedra de Impacto Social.
⁴ Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España. hgarrido@comillas.edu.
* Autora de contacto: ogarciav@comillas.edu

Recibido junio 2025 / Aceptado octubre 2025

Resumen
A través de un cuestionario a 1168 personas durante abril de 2024 se analizaron las percepciones de la sociedad española sobre la política penitenciaria. El ítem con mayor acuerdo fue “obligar a reclusos a trabajar para la comunidad” y con menor acuerdo fue “ante el mismo delito, las mujeres son menos castigadas”. Los resultados indicaron diferencias de género significativas solamente en dos ítems: las mujeres estaban más a favor de “la calidad alimentaria en prisión” y menos a favor de que “a las mujeres se las castiga menos”. Por su parte, existieron diferencias significativas en función del nivel de estudios: aquellas personas con un nivel alto fueron más favorables al buen trato, acceso a sanidad, no endurecer medidas, etc. Se hace necesario diseñar campañas de concienciación sobre la gestión penitenciaria y las dificultades de reinserción sociolaboral de la población penitenciaria.

Palabras clave: prisión, actitudes, punitivismo, diferencias de género, diferencias de nivel educativo.

Abstract
Through a questionnaire administered to 1,168 people in April 2024, perceptions of Spanish society regarding penitentiary policy were analysed. The item showing the highest level of agreement was “forcing inmates to perform community service”, while the item with the lowest level of agreement was “for the same offence, women are punished less”. The results indicated significant gender differences in only two items: women were more supportive of food quality in prison and less supportive of the idea that women are punished less. Significant differences were also found according to educational level: respondents with a higher level of education were more favourable towards humane treatment, access to healthcare, and not tightening punitive measures, among others. These findings highlight the need to design awareness-raising campaigns on prison management and the difficulties of social and labour reintegration faced by the prison population.

Keywords: prison, attitudes, punitivism, gender differences, educational differences.

1. Introducción

A pesar de su vital importancia, existe un número muy limitado de estudios que evalúen los niveles de conocimiento, percepciones y prejuicios de la sociedad española respecto a la gestión de la población penitenciaria. Esto se debe a que el interés sobre el tema se ha dado principalmente en un contexto anglosajón, siendo mucho más reducido en el español (Aizpurúa González y Fernández Molina, 2011). Uno de los estudios pioneros sobre percepción del crimen y de la gestión penitenciaria española (Varona Gómez, 2008) señalaba la distancia entre la delincuencia real y la percibida, siendo mayor esta última. Concretamente, a mayor desconocimiento de la delincuencia existente, mayor sobreestimación había de la presencia de delitos graves. Aun así, los participantes de dicho estudio se decantaron por medidas alternativas a la prisión (MAP) y tuvieron una opinión mayoritariamente rehabilitadora. Pese a la aportación que hizo este estudio, se trató de un estudio piloto exploratorio realizado con población joven.

Otro de los pocos estudios encontrados en España, realizado hace más de 15 años con una pequeña muestra aleatoria en la provincia española de Málaga (Conejo Tovar y Mora González, 2008), presentaba resultados descriptivos que indicaban el desconocimiento general de los datos oficiales, la gestión penitenciaria y la información no rigurosa procedente de los medios de comunicación (especialmente de televisión y películas), así como la preocupación principal de los participantes acerca del cumplimiento de la pena por parte de la población reclusa, siendo la formación y el trato hacia las personas internas cuestiones secundarias, lo que encaja con una visión social punitiva. Otros estudios internacionales también han señalado que factores como la falta de información sobre la gestión penitenciaria, además de la exposición continua a información no rigurosa de medios de comunicación, pueden influir en la opinión de la población (Chapman et al., 2002), generando unas percepciones distorsionadas sobre la delincuencia que se vinculan a actitudes más punitivas (Roberts e Indermaur, 2007). Concretamente, se encontró que informarse a través de la televisión (en comparación con otros medios) se relacionaba con perspectivas más punitivas sobre la gestión penitenciaria.

Las investigaciones han mostrado que una visión más positiva sobre la población reclusa puede ayudar a una mayor rehabilitación de esta en la sociedad (Galván et al., 2006; Kjelsberg et al, 2007; Mallik-Kane y Visher, 2008; Meyers et al., 2017; Rodríguez-Lirón et al., 2024). Además, un mayor contacto con la población reclusa puede ayudar a mejorar la percepción sobre esta y reducir el deseo de distancia social (Corrigan et al., 2001; Kjelsberg et al., 2007; Moak et al., 2020), y la creación de redes de apoyo puede ayudar a reducir la reincidencia (Bahr et al., 2010; Gonçalves et al., 2016; Pettus-Davis et al., 2018; Visher y Travis, 2011). A pesar de que parte de la población puede tener una visión positiva sobre la población expenitenciaria, siguen existiendo importantes prejuicios en contextos laborales y sociales (Schneider y Weber, 2020), dificultando, por tanto, su reinserción sociolaboral. En estos casos, la reinserción laboral se hace muy complicada y mayoritariamente se logra acceder a través de familiares y allegados (Barreiro-Gen, 2012). Este fenómeno se intensifica especialmente en los casos referidos a mujeres exreclusas (Barreiro-Gen, 2012; Ribas et al., 2005). Esta “marca”, según Chui y Cheng (2013), acaba afectando en la reinserción en la mayoría de los contextos y conduce a que la población exreclusa acabe teniendo conductas delictivas producto de su acercamiento a población infractora. Esto evidencia la necesidad de una gestión penitenciaria orientada a la sensibilización social y a la preparación efectiva para la vida en libertad.

La relevancia de las percepciones sociales sobre delincuencia y justicia radica en su capacidad para influir en algunas decisiones que guían la gestión penitenciaria y el sistema de justicia penal, por lo que la desinformación es un problema social que impacta negativamente en la población penitenciaria (Roberts e Indermaur, 2007). En línea con lo anterior, la desinformación sobre penas privativas de libertad puede sobredimensionar en el imaginario colectivo la ocurrencia de los delitos más graves y poner en segundo plano la realidad de los delitos que se cometen (León y Aizpurúa, 2018). De la misma forma, se ha señalado que el sistema judicial tanto en España (Aizpurúa, 2015) como en otros países (Hough et al., 2013; Roberts e Indermaur, 2007) puede estar sobreestimando las demandas punitivas de la sociedad al existir una gran desinformación y una subestimación de la dureza del sistema penal, ya que se ha observado una tendencia a una mayor punición incluso cuando los delitos no son violentos. Esta tendencia ya se apreciaba en investigaciones realizadas en España el siglo pasado (Ortet-Fabregat et al., 1993), donde se observó que los trabajadores de la prisión calificaban a la población reclusa de “desviada” y valoraban el castigo como elemento necesario para su cambio, reflejando una óptica punitiva. No obstante, en línea con el resto de las investigaciones realizadas en España mencionadas, se trata de un estudio antiguo que, por tanto, no permite conocer la percepción social actual.

Las percepciones sobre la gestión penitenciaria pueden verse asimismo influenciadas por variables sociodemográficas relevantes, como el género de la persona encuestada o su nivel de estudios.

Considerando el género de las personas encuestadas, las mujeres parecen tener actitudes menos punitivas que los hombres, lo que podría relacionarse con diferencias de género en los niveles de empatía (Applegate et al., 2002; Jan et al., 2008). Las mujeres parecen tender a apoyar y mostrar confianza en la reforma en mayor medida (Haghighi y Lopez, 1998). La investigación de Conejo Tovar y Mora González (2008) realizada en España concluyó que las mujeres, en comparación con los hombres, tenían un conocimiento de los datos oficiales o la gestión penitenciaria ligeramente superior, lo obtenían a través de contactos directos o indirectos, tenían una visión más rehabilitadora y una mayor confianza en las prisiones como mecanismos de resocialización y de prevención de la delincuencia, la percibían como más dura, apoyaban más las MAP y consideraban menos útil alargar las penas. Las investigaciones que exploran el sesgo de género en las actitudes hacia la población reclusa son contradictorias: algunas muestran una mayor actitud punitiva hacia los hombres reclusos que hacia las mujeres reclusas (Baron y Hartnagel, 1996; Haines, 2007) y otras no encuentran diferencias significativas (Murphy y Brown, 2000). No obstante, como se observa, no existen estudios recientes que aborden esta cuestión relacionada con el género.

Con respecto al nivel de estudios de las personas encuestadas, anteriores investigaciones han identificado que las personas con menor nivel de estudios tienden a percibir la prisión como un buen mecanismo para resocializar a la población reclusa (Conejo Tovar y Mora González, 2008). Las personas con nivel de estudios universitario, por su lado, confían menos en los centros penitenciarios como mecanismos para reducir la delincuencia. Estos hallazgos son congruentes con investigaciones anteriores que señalaron que un mayor nivel educativo se asociaba con una mayor consideración de factores protectores o condiciones que reducen la probabilidad de que una persona incurra en conductas delictivas (Añaños Bedriñana et al., 2019; Baron y Hartnagel, 1996; Gelb, 2006; Maruna y King, 2009; Mayhew y Van Kesteren, 2002; Mears, 2001; Piquero et al., 2010; Wu, 2000). De esta manera, el nivel educativo se presentó como inversamente proporcional a la percepción de la severidad de las penas: a mayor nivel educativo, menor es la percepción de dureza de las penas carcelarias (Gelb, 2011; Conejo Tovar y Mora González, 2008; Payne et al., 2004; Spiranovic et al., 2012). En España, existen aún escasos estudios que exploren la relación significativa entre el nivel educativo y las percepciones sobre el sistema penitenciario, particularmente en lo que respecta a su función resocializadora. Aunque algunas investigaciones han abordado actitudes generales hacia la gestión penitenciaria (Conejo Tovar y Mora González, 2008), falta mayor evidencia que conecte estas actitudes con variables sociodemográficas concretas, como la formación académica.

El presente artículo viene motivado por la escasez de estudios actuales en España sobre la percepción social de la gestión penitenciaria de la población reclusa, especialmente acuciante en el caso de las mujeres (Loinaz, 2014), dada la relevancia de dicha percepción para la reinserción sociolaboral de este colectivo. El estudio de estas percepciones es crucial para el desarrollo de un modelo de comunidad y una gestión de la vida en prisión que fomente la reinserción sociolaboral. De esta forma, los objetivos principales de investigación son: (i) analizar las percepciones e ideas sobre la gestión de la población reclusa en una muestra de conveniencia de la sociedad española; (ii) abordar las posibles diferencias de género y de nivel de estudios que pudieran estar operando en dichas percepciones sociales, y (iii) abordar la percepción diferenciada de la gestión de las mujeres en prisión.

2. Método

2.1. Instrumentos

Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario online mediante la plataforma Google Forms. El instrumento constaba de 16 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, que oscilaba entre 1 (“muy en desacuerdo”) y 5 (“muy de acuerdo”). Se exploraron dimensiones como la autonomía de las personas reclusas, el orden y la seguridad, las relaciones interpersonales en prisión, el acceso a actividades recreativas, el contacto con el exterior y la calidad de las instalaciones. Los ítems se organizaron en dos bloques temáticos: uno sobre la percepción general de la gestión de la población penitenciaria (12 ítems) y otro centrado más específicamente en la gestión de la población penitenciaria femenina (4 ítems).

Estos ítems se basaron en dos fuentes más extensas: los ítems y conceptos del Prison Climate Questionnaire (PCQ; Beijersbergen, 2016) y las variables utilizadas por Van Ginneken et al. (2018), adaptados específicamente para abordar los objetivos de esta investigación. Del PCQ se tradujeron al castellano preguntas sobre el clima, el trato, las condiciones materiales o el acceso a servicios (seis preguntas de nuestro cuestionario). Del estudio de Van Ginneken et al. (2018) se tradujeron e incorporaron preguntas relacionadas con la utilidad de la prisión, el endurecimiento de medidas, los derechos básicos, las medidas alternativas a prisión, las percepciones de género y la reincidencia (seis preguntas de nuestro cuestionario).

Las cuatro últimas preguntas relacionadas específicamente con el objetivo 3 de investigación (gestión diferenciada de las mujeres en prisión) se desarrollaron a partir del estudio de Van Ginneken et al. (2018) y a la información recogida a través del proyecto de investigación financiado en el que se engloba esta investigación. Para mejorar la validez del cuestionario, se integraron ítems directos e inversos. Así, en algunos casos una puntuación alta reflejaba una percepción más punitiva en la gestión del sistema penitenciario, y en otros, una visión más rehabilitadora.

Además de estos ítems, se incluyeron preguntas para recoger variables sociodemográficas como el género (mujer, hombre, otro) y el nivel de estudios (educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, grado universitario, posgrado universitario) de las personas encuestadas, para responder al objetivo 2 de investigación.

2.2. Procedimiento

El estudio adoptó un diseño transversal y un enfoque cuantitativo con el objetivo de identificar las percepciones más frecuentes sobre el tema objeto de análisis. La recogida de datos se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico por bola de nieve, utilizando redes sociales como canal de difusión. El periodo de recopilación de respuestas se extendió desde el 5 de abril hasta el 7 de mayo de 2024. La validación previa del cuestionario se realizó en dos fases. En primer lugar, se sometió a un juicio de varias personas expertas de distintas áreas de conocimiento de forma separada que valoraron los aspectos de mejora, para después tener una reunión y ponerlos en común. Todas estaban especializadas en metodología de investigación, por lo que revisaron y triangularon la redacción de los ítems, el tipo de medida de las variables y la secuencia del cuestionario. En una segunda fase, se efectuó una prueba piloto con personas voluntarias (que cumplían los mismos criterios de selección para la futura muestra), lo que permitió identificar posibles dudas sobre las preguntas y evaluar su comprensión.

La investigación se ajustó a los principios éticos de la investigación social. La participación fue completamente anónima y se proporcionó a las personas participantes información detallada sobre la naturaleza del estudio y sus derechos, incluida la voluntariedad de su participación. Antes de acceder al contenido del cuestionario, se les solicitó aceptar un consentimiento informado.

2.3. Participantes

Para garantizar la calidad de la información recogida, se eliminaron los cuestionarios incompletos y se revisaron posibles patrones de respuesta extremos. Además, el carácter anónimo y autoadministrado del cuestionario contribuyó a reducir el sesgo de deseabilidad social. El tamaño final de la muestra ascendió a 1168 participantes, de los cuales un 31.2 % (n = 364) eran hombres, un 68.3 % (n = 798) mujeres y un 0.5 % otro género (n = 6). Con respecto al nivel de estudios, el 14.6 % había completado estudios universitarios de posgrado (n = 171), el 39.6 % de grado (n = 462), el 17.9 % de bachillerato (n = 209), el 14.9 % de formación profesional (n = 174), el 6.8 % de educación secundaria obligatoria (n = 80) y el 6.2 % de educación primaria (n = 72).

2.4. Análisis de los datos

Primero, la variable “nivel de estudios” fue recodificada en dos niveles para representar los estudios básicos-medios (educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional) y superiores (grado y posgrado). Por otro lado, las personas de otro género tuvieron una representación muy escasa en la muestra, lo que impidió incluirlas en los análisis inferenciales comparativos de género, si bien fueron incluidas en el resto de análisis.

A continuación, se realizaron análisis estadísticos tanto descriptivos como inferenciales. Con respecto a los descriptivos, se obtuvieron las medias y desviaciones típicas de los ítems. En relación con los análisis inferenciales, se realizaron pruebas t de Student para muestras independientes con el fin de contrastar posibles diferencias de medias en las puntuaciones en los ítems de percepción social en función del género (mujeres y hombres) y del nivel educativo (básico-medio y superior). Se estableció un nivel de significación de .05 para las pruebas t de Student, aplicando la corrección correspondiente en caso de que no se pudiera asumir la homogeneidad de varianzas. Se obtuvieron también los tamaños del efecto, concretamente la g de Hedges, dado el tamaño desigual de los grupos comparados y la existencia de algunas diferencias entre ellos en las varianzas. Todos los análisis se realizaron mediante el paquete IBM SPSS Statistics 27.

3. Resultados

3.1. Percepción social de la gestión de la población penitenciaria

La Tabla 1 muestra la puntuación media y la desviación típica de cada ítem del cuestionario. Respecto a la percepción general sobre la población reclusa, la muestra de este estudio estuvo algo en desacuerdo con que los centros penitenciarios sirvan realmente para alcanzar sus fines de reinserción. Las y los participantes se mostraron algo de acuerdo con que las prisiones actualmente dan poco miedo y habría que endurecer las medidas, con proporcionar a la población reclusa acceso a bienes básicos (comida, agua, luz…), comida de buena calidad, sanidad y el exterior (familia, amistades…), y con que debería haber más agentes de autoridad en las prisiones y existir MAP. Se mostraron bastante de acuerdo con las ideas de que la población reclusa deba “trabajar para la comunidad”, “recibir un buen trato por parte de los trabajadores” y “tener acceso a ocio como libros o deporte”. Con respecto a la percepción sobre las mujeres reclusas, la muestra estuvo algo en desacuerdo con que las ideas de que las mujeres estén siendo menos castigadas que los hombres por el mismo delito y algo de acuerdo con que las reclusas por delitos graves deberían tener contacto con sus hijos, que las mujeres reinciden menos que los hombres y que las reclusas en general deberían tener contacto entre ellas.

3.2. Diferencias de género en la percepción social

A nivel descriptivo, las mujeres mostraron mayor grado de acuerdo con los ítems relacionados con el buen trato, los bienes básicos, el ocio, el contacto entre reclusas y el acceso al exterior. Por el contrario, los hombres estuvieron más de acuerdo en que la población reclusa trabaje para la comunidad y endurecer las penas, pero también en que haya MAP. Estas diferencias, sin embargo, no fueron estadísticamente significativas y los tamaños del efecto fueron, en todos los casos, muy pequeños.

Sin embargo, los análisis inferenciales revelaron diferencias de género significativas solo en dos ítems. Concretamente, los hombres mostraron menor acuerdo que las mujeres con la idea de que la calidad de la comida en prisión debería ser buena y mayor grado de acuerdo con que a las mujeres se las castiga menos. En este último caso, el tamaño del efecto fue pequeño-medio.

3.3. Diferencias por nivel de estudios en la percepción

Emergieron diferencias estadísticamente significativas en función del nivel de estudios para casi todos los ítems (ver Tabla 3). Las personas con estudios superiores se mostraron más acuerdo con afirmaciones sobre la importancia de que la población penitenciaria tenga acceso a ocio, contacto con el exterior, servicios sanitarios, un buen trato, comida de calidad y bienes básicos, además de tener un mayor grado de acuerdo con la conveniencia de las MAP y con que las mujeres reclusas deberían tener contacto con sus hijos y entre ellas. Por el contrario, las personas con menor nivel de estudios estuvieron más de acuerdo con que las prisiones dan poco miedo, habría que endurecer las medidas, debería haber más agentes de la autoridad, la población penitenciaria debería trabajar para la comunidad y a las mujeres se las castiga menos. Los tamaños del efecto fueron pequeños en su mayoría, destacando con tamaño grande los relativos a los ítems de endurecer las medidas y el buen trato y, con tamaño pequeño-medio, los de los ítems referentes a bienes básicos, sanidad y contacto entre reclusas.

4. Discusión

La escasez de artículos referidos a la gestión de población reclusa en España y específicamente de las mujeres en la literatura actual (Loinaz, 2014) motivó el presente estudio. Nuestros resultados generales indican que la muestra de este estudio sostiene creencias rehabilitadoras y creencias punitivas sobre la gestión de la población penitenciaria. Por un lado, la muestra sostiene creencias muy favorables al buen trato y el acceso a ocio. Con una intensidad más moderada, se encontraron las creencias favorables al acceso a bienes básicos, comida decente y sanidad, así como de acceso al exterior y a MAP. Estos resultados españoles contrastan con lo encontrado en estudios estadounidenses, con sistemas penitenciarios muy diferentes, que sugirieron una fuerte desaprobación de la población estadounidense hacia el tiempo libre y las “comodidades” en prisión (Wozniak, 2014).

Por otro lado, estuvieron presentes en esta muestra, en una intensidad baja o moderada, las ideas de que los centros penitenciarios no sirven para reinsertar, dan poco miedo, habría que endurecer las medidas y dotarlos de más agentes de autoridad, así como que la población reclusa debería trabajar para la comunidad. Esto contrasta con lo encontrado en Estados Unidos (Wozniak, 2014), donde la población pensaba fundamentalmente que las condiciones eran “adecuadas” (41.6 %) o “no lo suficientemente severas” (46.6 %), con una minoría que valoraba tales condiciones como “demasiado severas” (11.9 %). Con respecto a la utilidad de las prisiones, nuestros resultados encajan con la literatura previa española, que aporta evidencia sobre cómo la sociedad parece considerar la cárcel poco útil (Conejo Tovar y Mora González, 2008), especialmente a la hora de resocializar a las personas privadas de libertad y reducir la delincuencia (Soria Verde y Armadans Tremolosa, 2009).

4.1. Resultados y diferencias de género

En lo relativo a las mujeres reclusas, ningún ítem fue sostenido, de media, con una intensidad elevada: las personas participantes estuvieron algo en desacuerdo con que a las mujeres que delinquen se las castigue menos que a los hombres, estuvieron algo de acuerdo en que las mujeres reinciden menos y en que a las reclusas se les debería permitir tener contacto con sus hijos y entre ellas. Esto concuerda con los resultados descriptivos sugeridos en una muestra colombiana (Ruiz, 2010), donde se encontraron actitudes más favorables hacia las mujeres exreclusas. Otros estudios evidencian actitudes más punitivas hacia los hombres delincuentes que hacia las mujeres dentro de la prisión (Baron y Hartnagel, 1996; Haines, 2007). Esta diferencia contrasta con lo hallado por Murphy y Brown (2000), quienes no encontraron diferencias significativas en las actitudes hacia infractores hombres y mujeres, pudiendo deberse este contraste a diferencias nacionales o temporales.

Con respecto a las posibles diferencias en las percepciones según el género de las personas encuestadas, emergieron diferencias estadísticamente significativas solamente en torno a dos cuestiones, en ambos casos mostrando los hombres una visión menos favorable que las mujeres: ellos sostuvieron en mayor grado la creencia de que a las mujeres se las castiga menos y en menor grado la idea de que la comida en prisión debería ser de buena calidad. En el contexto estadounidense (Applegate et al., 2002: Haghighi y Lopez, 1998) se reportaron diferencias leves de género, con una actitud más rehabilitadora en mujeres que en hombres. En España, Conejo Tovar y Mora González (2008) también encontraron una visión algo más favorable en las mujeres, quienes se preocupaban más por el buen trato a las personas internas. Encontraron asimismo una ausencia de diferencias de género en las percepciones sobre la baja utilidad de las prisiones, en la misma línea que nuestro estudio. Sin embargo, aunque dicho estudio señalaba que las mujeres estaban más a favor de las MAP, nuestros resultados apuntarían más bien a una ausencia de diferencias. De manera similar, ese mismo estudio encontró que las mujeres tendían a considerar las condiciones de vida dentro de prisión más duras que los hombres, mientras que nuestros resultados apuntarían más bien al sentido contrario o bien a una ausencia de diferencias.

4.2. Otras variables

En referencia a las diferencias según el nivel de estudios de las personas encuestadas, esta investigación encontró diferencias estadísticamente significativas para casi todos los ítems. Los resultados indicaron que las personas con estudios superiores se mostraron más favorables al acceso a derechos de ocio, contacto con el exterior, servicios sanitarios, buen trato, comida de calidad, bienes básicos o MAP, así como a los derechos de las mujeres reclusas al contacto entre ellas y con sus hijos. Por el contrario, las personas con estudios básicos-medios estuvieron significativamente más de acuerdo con afirmaciones de índole más punitiva, como que “las prisiones dan poco miedo”, “habría que endurecer las medidas”, “debería haber más agentes de la autoridad”, la población penitenciaria “debería trabajar para la comunidad” y que a las mujeres se las castiga menos que a los hombres. Estos resultados van en línea de estudios anteriores que concluyeron que un mayor nivel de estudios da lugar a que se tengan opiniones menos punitivas (Añaños Bedriñana et al., 2019; Baron y Hartnagel, 1996; Gelb, 2006; Maruna y King, 2009; Mayhew y Van Kesteren, 2002; Mears, 2001; Piquero et al., 2010; Wu, 2000) y una menor dureza en las percepciones sobre las penas de prisión (Gelb, 2011; Payne et al., 2004; Spiranovic et al., 2012). A nivel nacional, Conejo Tovar y Mora González (2008) concluyeron que en España las personas con estudios básicos consideraron en mayor medida que la prisión constituye un mecanismo para resocializar a la población penitenciaria y reinsertarla en la sociedad. Sin embargo, nuestros resultados no mostraron diferencias significativas por nivel de estudios en el acuerdo con la utilidad de los centros penitenciarios.

Este estudio ha mostrado que las diferentes percepciones se pueden ver influenciadas por el género o el nivel educativo. Sin embargo, existen otras variables que también podrían modular la favorabilidad de una actitud hacia la gestión penitenciaria más punitiva y que los estudios futuros deberían considerar, como son la edad (Conejo Tovar y Mora González, 2008; Bernal Pérez y Caro Cabrera, 2021), la ideología política (Peka, 2021; Silvia et al., 2005), la religiosidad (Chui y Cheng, 2015), la interacción con personas condenadas (Mae Boag y Wilson, 2014), la percepción sobre la causalidad del crimen (explicaciones más individualistas-personales o de carácter social-contextual, Wozniak, 2014) o haber sido víctima de un delito (Soria Verde y Armadans Tremolosa, 2009). Por ejemplo, se han encontrado estudios realizados en España tanto que relacionan la edad de las personas encuestadas con las percepciones sobre la gestión de la población reclusa (Conejo Tovar y Mora González, 2008, sugirieron que las percepciones más punitivas en edades mayores pueden explicarse por la socialización durante el franquismo y la transición) como que no encuentran diferencias significativas entre edad y percepciones sobre el delito (Bernal Pérez y Caro Cabrera, 2021). Por otro lado, diversos estudios apuntaron a la influencia de la ideología política: los votantes más liberales tendían a unas actitudes menos punitivas que los más conservadores (en Norteamérica, Baron y Hartnagel, 1996; King y Maruna, 2009; Peka, 2021; Silvia et al., 2005; en España, Ortet-Fabregat et al., 1993). Adicionalmente, las creencias religiosas también se han relacionado con actitudes punitivas (Chui y Cheng, 2015; Dum et al., 2020). En España, el estudio de Aizpurúa González y Fernández Molina (2011) encontró una correlación positiva entre ambas, si bien fueron las prácticas religiosas más rígidas (en comparación con las creencias más compasivas) las que más se asociaron a tendencias punitivas (Roberts e Indermaur, 2007). Otros estudios también han señalado variables relacionadas como las étnico-raciales o el nivel de ingresos (Applegate et al., 2002; Haghighi y Lopez, 1998). Además, en España, un estudio en Barcelona sugirió que las personas víctimas de un delito mantienen una actitud más favorable hacia las MAP en comparación con la prisión, además de demostrar un mayor conocimiento de dichas medidas (Soria Verde y Armadans Tremolosa, 2009). Sin embargo, esta actitud más positiva no parece traducirse en una mejor percepción del potencial de reinserción de las penas de prisión o de su utilidad para reducir la delincuencia. En la misma línea, otro estudio destacó que la experiencia directa de interacción con personas condenadas en un entorno penitenciario aumentó la empatía y redujo los prejuicios hacia quienes han cumplido condena y su gestión penitenciaria (Mae Boag y Wilson, 2014). Futuras investigaciones deberían considerar el papel de estas y otras variables para seguir ampliando el conocimiento sobre las percepciones sociales sobre la gestión penitenciaria.

4.3. Implicaciones y futuras investigaciones

La principal aportación de esta investigación es la obtención de datos actuales (dada la carestía de los mismos) sobre las percepciones sociales españolas acerca de la gestión de la población penitenciaria. Así, también contribuye a poner de manifiesto la relevancia de dichas percepciones, dado su posible impacto en ciertas cuestiones del sistema penal (en línea con otros estudios de otros países, como Roberts e Indermaur, 2007). Esto es especialmente relevante considerando que estudios como los de Varona Gómez (2011) y León y Aizpurúa (2018) mostraron que la representación de la población penitenciaria en medios de comunicación distaba de la realidad e influía en las percepciones sociales.

El impacto que, a su vez, tienen dichas percepciones sociales en el sistema penal hace que resulten imprescindibles las campañas de sensibilización e información rigurosa a la población española sobre los datos oficiales y la gestión penitenciaria, pues los medios de comunicación presentan una realidad distorsionada (Conejo Tovar y Mora González, 2008). Dichas campañas deberían promover una visión multifactorial de los actos delictivos (ya que entenderlos como el resultado de una decisión voluntaria se relaciona con visiones más punitivas) y fomentar la concepción de los delincuentes como agentes capaces de cambiar su conducta (Maruna y King, 2009). Además, nuestros resultados indican que dichas campañas deberían ir dirigidas, sobre todo, al segmento de población con estudios básicos-medios, y, en general, la forma de elaborar dichas campañas debería tener en cuenta las características de cada grupo objetivo (su nivel de estudios, género, etc.). Adicionalmente, deberían desarrollarse códigos de buenas prácticas en la transmisión de información sobre la población delincuente y reclusa, fomentando que los medios de comunicación se adhieran a ellos, de tal forma que la información trasladada a la población refleje de forma más fidedigna las diversas experiencias penitenciarias.

A pesar de las aportaciones, este estudio tiene algunos aspectos que pueden limitar su generalización. Por un lado, la desigual distribución muestral por géneros, siendo considerablemente mayor la participación de mujeres. Además, el nivel formativo podría estar moderado por la edad. En la misma línea, el muestreo no probabilístico por bola de nieve puede conllevar una falta de representatividad en la muestra con respecto a la población estudiada. Finalmente, el empleo de un cuestionario de autoinforme tiene sesgos inherentes que pueden afectar a la fiabilidad y validez de los resultados.

Un aspecto que debe destacarse es que la mayor parte de los trabajos provienen de contextos culturales y penitenciarios muy diferentes al español, lo que limita la comparabilidad directa. Sin embargo, ponen de relieve la escasez de investigaciones empíricas en España y la necesidad de fortalecer la producción científica en el ámbito nacional para enriquecer las comparaciones, establecer el marco base y detectar las prioridades de cara al establecimiento de cambios y mejoras en la gestión penitenciaria. Especialmente invisibles son las experiencias y percepciones sobre la gestión penitenciaria de las mujeres privadas de libertad en España y en otros países (Loinaz, 2014). Por ello, el estudio desde la perspectiva de género es fundamental para seguir investigando las necesidades y percepciones específicas sobre la gestión de este colectivo.

Las investigaciones previas señalan que una visión más positiva hacia la población reclusa y su gestión favorece su rehabilitación e integración social (Galván et al., 2006; Kjelsberg et al., 2007; Mallik-Kane y Visher, 2008; Meyers et al., 2017; Rodríguez-Lirón et al., 2024). Asimismo, se ha constatado que el contacto directo con personas internas contribuye a mejorar dicha percepción (Corrigan et al., 2001; Kjelsberg et al., 2007; Moak et al., 2020), mientras que la existencia de redes de apoyo constituye un factor clave para disminuir la reincidencia (Bahr et al., 2010; Gonçalves et al., 2016; Pettus-Davis et al., 2018; Visher y Travis, 2011). No obstante, persisten importantes prejuicios en el ámbito sociolaboral (Chui y Cheng, 2013; Ribas et al., 2005; Schneider y Weber, 2020) que dificultan la reinserción, especialmente en el caso de las mujeres. De esta forma, se hace hincapié en la necesidad de informar a la sociedad con rigor sobre varios aspectos relacionados con la gestión penitenciaria, entre los que destacan la gravedad y tipología de los delitos más comunes cometidos por las personas reclusas, el perfil sociodemográfico de la población interna, la realidad de las condiciones de vida en prisión, el impacto real de las penas privativas de libertad, los casos de éxito de MAP y la falta de oportunidades sociolaborales tras la excarcelación. Por ello, es fundamental la realización de campañas de concienciación que comuniquen estos datos a la sociedad para corregir ideas equivocadas, generar un mayor acercamiento a la gestión de la población reclusa y mejorar tanto su rehabilitación como su reinserción sociolaboral. Es necesario difundir la diversidad y complejidad de la gestión penitenciaria según penas, tipo de establecimiento, localización, administración que ostente la responsabilidad de la gestión penitenciaria y grupo de población interna (mujeres, madres, hombres, personas extranjeras, personas trans, menores de edad, etc.).

Fuentes de financiación

Las Reglas de Bangkok: Evaluando los avances y retos ante las desigualdades de las mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios, Ref. PID2022-140134OB-I00, Proyeto I+D, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Mario Carrasco Martínez pertenece al Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá. Graduado en Psicología por dicha universidad. Además, participa en varios proyectos sobre percepciones sociales de la población penitenciaria o actitudes sobre la delincuencia juvenil.

Olaya García-Vázquez es investigadora en el Departamento de Métodos Cuantitativos y la Cátedra de Impacto Social (Universidad Pontificia Comillas). Está acreditada como profesora contratada doctora. Participa en varios proyectos de investigación financiados sobre mujeres en centros penitenciarios.

Helena Garrido-Hernansaiz es docente e investigadora en el Departamento de Psicología (Universidad Pontificia Comillas). Es psicóloga general sanitaria y está acreditada como profesora contratada doctora, contando con dos sexenios de investigación reconocidos. Sus líneas de investigación se centran en la Psicología de la Salud y el Género.