Editorial Número Especial
Experiencias de los adolescentes con el delito y la violencia: contribuciones del ISRD en Latinoamérica

Karin Arbach¹, Áurea Esther Grijalva-Eternod²

¹ Instituto de Investigaciones Psicológicas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
² Universidad de Guadalajara, México.

* Autora de correspondencia: k_arbach@unc.edu.ar

América Latina es hoy el epicentro global de múltiples formas de violencia, lo cual representa una enorme barrera estructural para la prosperidad de la región, pues compromete el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2024), principalmente los relativos a salud y bienestar; igualdad de género; ciudades y comunidades sostenibles; y paz, justicia e instituciones sólidas.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nuestra región registra la tasa de homicidios más alta del mundo (UNODC, 2023). Solo en el año 2023 se reportaron 129 919 víctimas de homicidio intencional en América Latina, lo que representa una tasa promedio de 20 víctimas por cada 100 000 habitantes, cifra que triplica el promedio mundial. Esta violencia letal presenta una marcada disparidad demográfica, ya que aproximadamente el 90 % de las víctimas son hombres jóvenes (UNODC, 2024). No obstante, la violencia también se extiende críticamente a las mujeres. Con base en las cifras que recoge el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, se pueden estimar unas 4000 muertes violentas de mujeres por razón de género al año, especialmente de mujeres jóvenes (CEPAL, 2025).

Estos niveles de inseguridad trascienden el costo humano y generan un impacto económico alarmante que altera la vida cotidiana de los latinoamericanos. El Banco Interamericano de Desarrollo (2024) ha estimado que, en el año 2022, los costos directos del delito y la violencia representaron el 3,44 % del Producto Interno Bruto regional, lo que equivale al 78 % del presupuesto público destinado a la educación y hasta 12 veces el presupuesto asignado a investigación y desarrollo (I+D). De manera paralela, la percepción de inseguridad es profunda; el Latinobarómetro (2024) reporta que en el año 2024 el 33 % de los encuestados o algún familiar refirió haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses y que una proporción similar de ciudadanos vive con la preocupación constante de ser víctima de un delito violento.

La situación se vuelve más compleja debido a la presencia transversal del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado, 6 de los 15 países con la puntuación más alta en criminalidad son latinoamericanos (Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Honduras y Brasil) (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023). El Estudio Global de Homicidio 2023 (UNODC, 2023) corrobora este agravante al establecer que los altos niveles de violencia letal en la región se atribuyen principalmente a grupos criminales que compiten por el control de los mercados ilícitos, exacerbados por un débil estado de derecho y la alta disponibilidad de armas.

En este contexto de violencia sistémica y generalizada, los niños, niñas y adolescentes constituyen el grupo poblacional más vulnerable y afectado (UNICEF, 2023). Según datos proporcionados por UNICEF (2022), la violencia en el ámbito doméstico es habitual: casi 2 de cada 3 niños de entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma de disciplina violenta en el hogar, incluidos el castigo físico y los abusos psicológicos. En la adolescencia, la violencia letal y otras formas de violencia presentes en el entorno amenazan críticamente a este sector: el homicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años, mientras que la violencia sexual es la forma más prevalente en mujeres. En paralelo, la violencia entre pares, en particular el acoso escolar y el abuso emocional, presenta una elevada prevalencia en esta etapa y afecta a varones y mujeres en proporciones similares, lo que la consolida como una de las expresiones más extendidas de victimización no letal en este grupo etario (UNICEF, 2025). Estos datos subrayan la necesidad crítica de diseñar e implementar políticas de prevención específicas y focalizadas en niños, niñas y adolescentes.

Aunque la visión de lo que ocurre en América Latina es crucial para el entendimiento global del contacto con la violencia por parte de los adolescentes, y la región es un escenario que clama por estrategias de prevención eficaces, se enfrenta con una paradoja importante: la imposibilidad de lidiar eficazmente con estas violencias a causa, en gran medida, de la persistencia de datos deficientes (UNICEF, 2021). Durante décadas, hemos dependido de extrapolar hallazgos del Norte Global o de navegar entre estadísticas oficiales que, como bien sabemos, adolecen de una cifra negra significativa. Esta carencia es particularmente crítica en nuestros contextos de baja confianza institucional, donde la falta de denuncia no es un olvido o la desestimación de eventos nimios, sino una estrategia de supervivencia ante un sistema que a menudo se percibe como ineficaz o poco confiable (Corporación Latinobarómetro, 2024).

Esta deficiencia estructural de evidencia limita el acceso a información detallada y desagregada que permita optimizar las decisiones en materia de seguridad ciudadana. Por consiguiente, para transitar de las meras opiniones e inferencias a políticas públicas rigurosas basadas en el conocimiento científico, es indispensable superar esta carencia mediante el desarrollo de información sistemática que permita identificar, medir y comprender en profundidad la dinámica específica en la que los jóvenes latinoamericanos experimentan el delito y la violencia.

¿Qué es el ISRD?

El Estudio Internacional de Delincuencia Autoinformada (ISRD, por sus siglas en inglés, International Self-report Delinquency Study) constituye uno de los proyectos comparativos más influyentes para el estudio de la delincuencia y la victimización de los adolescentes a nivel global (Enzmann et al., 2010; Junger-Tas et al., 2010). Desde sus primeras oleadas, el ISRD ha demostrado la potencia analítica del autoinforme para detectar formas de delincuencia y victimización que escapan al radar del sistema penal (Enzmann et al., 2018). A lo largo de las últimas tres décadas, el ISRD se ha consolidado como una de las principales fuentes de información comparada sobre el contacto de los adolescentes con el delito, tanto en su rol de víctimas como de infractores. Su objetivo fundamental es doble: por un lado, generar información estandarizada y comparable sobre la prevalencia y las dinámicas de la conducta delictiva y la victimización en adolescentes, que sirva de base para la formulación y evaluación de políticas públicas; por otro, proveer una base empírica robusta que permita el contraste y la validación de teorías criminológicas en distintos contextos socioculturales. Hasta la fecha se han realizado cuatro oleadas de recogida de datos, evidenciando un crecimiento sostenido de la colaboración internacional: en la primera participaron 12 países (ISRD1), 31 en la segunda (ISRD2), 36 en la tercera (ISRD3) y, en la más reciente, el ISRD4, los datos de 21 países ya se encuentran integrados en la base de datos, mientras que otros aún se encuentran en proceso de incorporación (Haen Marshall et al., 2025).

Si bien la técnica de autoinforme no se encuentra exenta de limitaciones, constituye una estrategia metodológica rigurosa y ampliamente validada en la investigación criminológica. Presenta ventajas sustantivas frente a otras aproximaciones basadas en registros oficiales, particularmente porque permite acceder de manera directa a las experiencias autorreportadas de los adolescentes y reducir el impacto de la denominada «cifra negra» y de otros sesgos de información asociados a la detección institucional del delito (Junger-Tas et al., 2010, 2012). El instrumento de recolección de datos del ISRD consiste en una encuesta estandarizada, compuesta por una sección fija obligatoria común a todos los países participantes y un módulo nacional específico, definido por cada país en función de sus prioridades de investigación. La sección fija incorpora un conjunto amplio de ítems destinados a medir diversas dimensiones relevantes, entre las que se incluyen la participación en conductas delictivas y las experiencias de victimización, el contacto con la policía, variables socioeconómicas, la relación con la familia, las experiencias escolares y en el vecindario, la influencia de los pares, el autocontrol, la moralidad, las percepciones sobre la violencia, las actitudes de venganza, la identidad, la discriminación y el sentido de pertenencia, considerando tanto situaciones ocurridas en contextos presenciales como en entornos virtuales o mediados por tecnologías digitales, lo que permite capturar de manera más integral las formas contemporáneas de contacto adolescente con el delito y la victimización.

En todos los países participantes, el procedimiento de muestreo sigue un diseño probabilístico multietápico que, en primer lugar, comprende la selección de al menos dos áreas urbanas o ciudades, en segundo lugar, la selección de centros educativos dentro de dichas áreas y, finalmente, la selección de clases completas dentro de cada escuela, con el objetivo de garantizar la comparabilidad internacional y la representatividad escolar de la muestra (Haen Marshall et al., 2022; Junger-Tas et al., 2012). La encuesta ISRD se administra en el ámbito escolar, preferentemente mediante aplicación en línea, aunque en algunos países se suele recurrir a la modalidad papel y lápiz, atendiendo a limitaciones de infraestructura y contextos locales específicos.

Cuando los datos ya han sido recolectados en todos los países y se han realizado los oportunos controles de calidad, los datos se integran en una base de datos internacional centralizada, lo que permite no solo contrastar empíricamente teorías criminológicas dentro de cada contexto nacional, sino también realizar comparaciones sistemáticas entre países y regiones, atendiendo a las particularidades socioculturales e institucionales de cada uno. Asimismo, el ISRD persigue un objetivo aplicado explícito, orientado a informar el diseño y la evaluación de políticas públicas de prevención de la delincuencia y la victimización juvenil basadas en evidencia empírica. Si bien el estudio no cuenta con un esquema de financiamiento centralizado, su continuidad y alcance han sido posibles gracias al esfuerzo sostenido y coordinado de los equipos nacionales, que movilizan recursos propios y apoyos institucionales para garantizar la implementación del estudio en cada país.

El ISRD en América Latina

La participación de países latinoamericanos en el ISRD ha aumentado de manera sostenida a lo largo de sus distintas ediciones. El equipo venezolano coordinado por Christopher Birkbeck fue pionero en la región al participar desde la segunda oleada (ISRD2). Posteriormente, se incorporó el equipo de México a partir del ISRD3. De forma especialmente relevante para la región, en la cuarta oleada (a la que se dedica este número) se sumaron equipos de Brasil, Argentina y Colombia. Asimismo, se recogieron datos en Perú, que actualmente se encuentran en la fase de análisis de calidad previa a su eventual incorporación a la base de datos internacional. Además, un equipo de Chile ha trabajado de manera conjunta con los demás equipos de habla hispana en la adaptación idiomática de la encuesta y espera consolidar su participación en el ISRD5. En conjunto, estos equipos conformaron una red de colaboración en la que también participó activamente el equipo de España, cuya vasta experiencia en la implementación del ISRD y su solidez en la adaptación del instrumento al español resultaron fundamentales para garantizar la adecuación de la encuesta en la región. Este número especial es un resultado directo de dicho esfuerzo cooperativo.

El presente número

La progresiva incorporación de equipos nacionales en un proyecto colaborativo internacional de la envergadura del ISRD constituye una oportunidad única y sin precedentes para comprender las experiencias de los adolescentes en relación con el delito más allá del Norte Global. Esto cobra especial relevancia en una región donde, como ya se ha señalado, se concentra una multiplicidad de formas de violencia que afectan negativamente el desarrollo integral de los jóvenes.

Este número especial de la Revista Española de Investigación Criminológica constituye un hito fundacional en esta nueva etapa. Reúne ocho investigaciones originales que, utilizando la infraestructura del ISRD4, exploran desde distintas perspectivas teóricas y analíticas dimensiones centrales de las experiencias de los adolescentes con el delito en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, e incluso comparaciones transatlánticas con España. Aunque una de estas contribuciones es externa al proyecto ISRD4, emplea una metodología similar y un enfoque comparativo que la convierte en un antecedente de interés en la criminología comparada regional.

Lejos de ofrecer meras descripciones de prevalencia, estos trabajos profundizan en los mecanismos explicativos, las tipologías de infractores y los correlatos psicosociales del delito. En conjunto, el valor de todas estas contribuciones es doble: aportan conocimiento empírico inédito y, a la vez, demuestran la viabilidad y pertinencia del ISRD como herramienta comparativa en una región caracterizada por desigualdades profundas y desafíos institucionales únicos.

A continuación, articulamos los aportes de este número en tres ejes temáticos vigentes en la agenda actual de nuestra disciplina: la complejidad del solapamiento víctima-delincuente, los mecanismos cognitivos de la acción moral y el peso del contexto criminógeno.

I. Superando la dicotomía víctima-delincuente: perfiles complejos y salud mental

Uno de los hallazgos más robustos de la criminología del desarrollo es que la distinción legal entre «víctima» y «victimario» a menudo no refleja la realidad empírica de los adolescentes. Dos artículos desafían las categorizaciones simplistas mediante metodologías diversas. El estudio sobre el solapamiento entre victimización y conductas delictivas (Arbach et al., 2026) abandona el enfoque centrado en variables para adoptar un análisis centrado en las personas. Empleando el Análisis de Clases Latentes (LCA) en una muestra de casi 10 000 adolescentes de cinco países, los autores identifican que, aunque la mayoría de los adolescentes se mantiene al margen del delito, existe un núcleo crítico que sufre un «solapamiento intenso». Este grupo, particularmente vulnerable ante el delito, es la evidencia de que víctimas y delincuentes no son necesariamente grupos separados, sino que, en ciertos casos, las mismas personas alternan entre ambos roles. El estudio también arroja luz sobre matices de género que se identifican en los grupos de mayor edad (a partir de los 16 años): mientras los varones tienden a la delincuencia general, las mujeres presentan probabilidades significativas de involucrarse en ciberdelincuencia, desafiando la idea de que el delito es una conducta exclusivamente de los varones.

Además, el hallazgo de Morillo et al. (2026) de que las adolescentes y los más jóvenes presentan más frecuentemente (que sus pares varones y que los de más edad) miedo a ser víctimas de delitos digitales abre una línea de investigación prometedora: es posible que en estos grupos el miedo al ciberdelito opere como correlato temprano de formas reactivas o relacionales de conducta ilícita en línea. Explorar cómo se articulan estas trayectorias y en qué condiciones el miedo se transforma en estrategias de afrontamiento que pueden derivar en acciones ilegales constituye un desafío importante para futuros estudios comparados en el ámbito de la ciberdelincuencia juvenil.

A su vez, esta acumulación de roles que caracteriza al solapamiento tiene un coste humano devastador. El artículo centrado en la salud mental de adolescentes brasileños (Costa et al., 2025) confirma que los adolescentes que encajan en la categoría de «víctima-delincuente» presentan los peores indicadores de salud mental. Mientras que la victimización pura (haber sufrido experiencias de victimización, sin haber realizado delitos) se asocia más a la ansiedad y depresión, y la conducta delictiva pura (sin victimización) a la ideación suicida, es en la intersección de ambos roles donde la vulnerabilidad se maximiza. Esto nos obliga a repensar la intervención criminológica: no se debería tratar la conducta antisocial sin atender los potenciales efectos traumáticos de la victimización y el deterioro psicológico subyacente.

II. Mecanismos internos: venganza, moralidad y cinismo

¿Qué ocurre en la mente del adolescente para que la norma legal pierda su fuerza vinculante? Tres contribuciones exploran los mecanismos emocionales, cognitivos y morales que podrían responder a esa pregunta, dialogando con marcos teóricos como la Teoría General de la Tensión (Agnew, 1992) y la Teoría de la Acción Situacional (Wikström et al., 2012).

Por un lado, la investigación sobre delitos de odio y venganza en Brasil y México (Rezende Bazon et al., 2025) aporta evidencia empírica novedosa sobre los motivos inmediatos que subyacen a determinadas conductas delictivas juveniles. Si bien las tasas de prevalencia de estos delitos son en general bajas, el discurso de odio en línea destaca como la manifestación más frecuente. Los resultados muestran que las conductas motivadas por la venganza y el odio se asocian principalmente a factores de carácter expresivo, como las actitudes provenganza y el bajo autocontrol, así como a experiencias de victimización y a problemáticas familiares, incluyendo la desestructuración, los conflictos y la violencia en el hogar. En este sentido, el estudio evidencia que tanto la agresión física como el discurso de odio en internet (este último particularmente visible en el caso de las mujeres) pueden operar como mecanismos de afrontamiento frente a tensiones sociales y relacionales, en línea con los postulados de la Teoría General de la Tensión.

Este componente reactivo se conecta con el estudio sobre posturas morales con datos de Argentina, Brasil y Venezuela (Birkbeck et al., 2026) que, mediante modelos de ecuaciones estructurales, evidencia una secuencia poco explorada hasta ahora: cometer delitos aumenta la «aceptabilidad» moral de los delitos (neutralización moral), mientras que ser víctima la reduce, todo ello mediado por la influencia del entorno familiar y de los pares. Es decir, el delito no sería un mero acto de resolución de conflictos, sino también un eslabón en el proceso de neutralización moral.

Finalmente, la investigación con datos de adolescentes de México sobre sensibilidad a la violencia y cinismo legal (Grijalva-Eternod y Camacho Balderas, 2026) aporta un matiz fundamental sobre la legitimidad institucional. Los autores encuentran que el cinismo legal (entendido como la desconfianza en la ley y sus agentes) reduce la sensibilidad de los jóvenes ante la violencia, debilitando los filtros normativos que inhiben el involucramiento delictivo. Este efecto lo encuentran tanto a nivel individual (las propias creencias del adolescente) como a nivel contextual (las creencias que imperan en su grupo escolar). Si bien la violencia parental y la victimización previa emergen como factores que incrementan la sensibilidad, el estudio revela que la deslegitimación institucional es un mecanismo clave para la insensibilización, pues promueve la normalización de la violencia a través del colapso de las normas. Esto plantea un desafío central para el sistema de justicia.

III. Contextos de riesgo: drogas y violencia comunitaria

Ningún análisis en nuestra región estaría completo sin considerar los contextos de alta vulnerabilidad. El estudio de Viano-Tello y colaboradores (2026) compara la coocurrencia de consumo de sustancias y conducta antisocial en adolescentes de cuatro países (Argentina, España, México y Venezuela) y pone a prueba la universalidad de la Teoría General del Delito (Gottfredson & Hirschi, 1990), a la vez que destaca la variabilidad entre países del efecto de los factores distales, como la venta de drogas en el barrio, la criminalidad barrial o el desorden escolar. Así, este estudio apoya la idea de S. Redondo Illescas (2015) de que las teorías que se enfocan en factores contextuales presentarán más variabilidad en su capacidad explicativa entre países, mientras que aquellas centradas en factores personales tenderán a presentar una capacidad explicativa más universal.

Complementariamente, el análisis de muestras en escuelas vulnerables de Chile y Brasil (Alarcón Bañares et al., 2026) pone el foco en la exposición a la violencia comunitaria. Aunque ambos contextos comparten niveles altos de vulnerabilidad, las dinámicas varían: los participantes de Brasil muestran mayor exposición a la violencia, pero los participantes de Chile reportan mayores niveles de comportamiento antisocial. Un dato crítico no es solo la exposición, sino la respuesta diferenciada por género: comparados con las mujeres, los varones delinquen más y, en ellos, el impacto de la exposición a la violencia en su riesgo delictivo es mayor.

Más allá de los contextos físicos de riesgo, este número también incorpora evidencia sobre los entornos digitales como espacios criminógenos emergentes. El estudio realizado en Colombia (Morillo et al., 2026) muestra que determinadas actividades convencionales, no estructuradas y en línea pueden incrementar o disminuir el miedo del adolescente a ser víctima de ciberdelitos (desde amenazas hasta sexting, hacking o robo de identidad). Este hallazgo introduce una dimensión novedosa en la criminología comparada de la región: las rutinas cotidianas no solo configuran la exposición al riesgo, sino también su percepción en el ecosistema digital, un ámbito donde los adolescentes latinoamericanos pasan cada vez más tiempo.

Implicaciones para la política pública

Los hallazgos empíricos presentados en este número especial permiten trascender las recomendaciones generales sobre prevención para sugerir líneas de acción específicas, derivadas de la contrastación de datos en el contexto latinoamericano. La evidencia apunta hacia la necesidad de reorientar las estrategias de control y prevención en tres dimensiones críticas:

1. Integración de la salud mental en el entendimiento de las experiencias de los adolescentes con el delito. La evidencia de un grupo que acumula victimizaciones diversas y de otro donde estas convergen con conductas delictivas, e incluso llegan a coexistir con el abuso de sustancias, plantea un desafío complejo tanto para la prevención primaria como para los sistemas sanitario y judicial. Las intervenciones que carezcan de protocolos de tamizaje clínico y modelos de atención informada por el trauma corren el riesgo de ser iatrogénicas o insuficientes. En consecuencia, resulta imperativo que los modelos de justicia transciendan la perspectiva puramente retributiva para incorporar estos componentes clínicos y psicosociales en su respuesta.
2. Legitimidad institucional como herramienta preventiva. Los estudios sobre cinismo legal y sensibilidad a la violencia sugieren que la percepción de ilegitimidad del sistema de justicia no es solo un problema de opinión pública, sino un factor de riesgo criminógeno. La correlación entre la desconfianza en la ley y la insensibilidad moral ante la violencia indica que las estrategias de «mano dura» que erosionan las garantías procesales pueden tener un efecto contraproducente, alimentando los mecanismos de neutralización moral en los adolescentes. Por tanto, la implementación de prácticas de justicia procedimental en las interacciones policiales y judiciales con jóvenes no debe entenderse como una aspiración ética, sino como una estrategia técnica para reducir la validación cognitiva de los delitos en general y de la violencia en particular.
3. Prevención situacional y especificidad de género. Frente a la universalidad de factores individuales como el bajo autocontrol, los datos comparados muestran que la disponibilidad física de mercados de drogas ejerce una influencia determinante en la región. Esto sugiere que las intervenciones centradas exclusivamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales individuales son insuficientes si no se acompañan de prevención situacional orientada a reducir la oportunidad delictiva en el entorno escolar y barrial. Asimismo, la diferenciación observada en los patrones delictivos —con una mayor propensión a la ciberdelincuencia en mujeres adolescentes frente a la delincuencia callejera en varones, y el mayor impacto de la exposición a la violencia en el riesgo delictivo de los varones— requiere que los programas de prevención abandonen la neutralidad de género para abordar los riesgos específicos (digitales vs. físicos) que enfrenta cada grupo demográfico.

Conclusión: valor estratégico del ISRD4

Este número especial confirma que la criminología de América Latina está en condiciones de consolidar una agenda empírica robusta siguiendo estándares internacionales. El desarrollo de una red de investigación en criminología comparada latinoamericana ahora parece posible. En este avance, el ISRD4 no solo aporta datos: aporta un lenguaje común, un rigor metodológico que homogeneiza mediciones en una región heterogénea y un impulso para fortalecer la investigación comparada en un continente donde comprender las experiencias de los jóvenes ante el delito es un imperativo académico, social y político. Al visibilizar la cifra negra y desentrañar los mecanismos (como el solapamiento, la insensibilidad ante la violencia o el bajo autocontrol) que subyacen a la conducta antisocial de los jóvenes, estos estudios no solo alimentan la academia, sino que ofrecen una evidencia muy valiosa para las políticas públicas de prevención en la región.

Como editoras, esperamos que esta colección de trabajos sirva de base para construir series comparativas longitudinales a futuro que, aprovechando la infraestructura del ISRD, sigan cerrando la brecha de conocimiento en la región. En este horizonte, la planificación de la quinta oleada (ISRD5) representa la oportunidad idónea para consolidar una red que ya ha demostrado el valor incalculable del quehacer científico colaborativo. Sirva, pues, este número especial como una invitación abierta a nuestros colegas latinoamericanos para sumarse a este proyecto internacional, construyendo juntos una criminología comparada rigurosa que nos una en la búsqueda de sociedades más pacíficas y justas.

Referencias

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